Venta de niñas, un uso y costumbre de violencia en la Montaña de Guerrero

Testimonios recabados señalan que los precios de la venta de mujeres varían dependiendo de la edad de la niña.

La Secretaría de la Mujer en Guerrero ha documentado casos de venta de niñas y jóvenes en cinco municipios de la Costa Chica y la Montaña. La práctica, basada en usos y costumbres, se presenta en comunidades indígenas de Metlatónoc, Cochoapa el Grande, Malinaltepec, Tlacoachistlahuaca, Xochistlahuaca y Ayutla.

No existen datos de cuántas mujeres pueden ser víctimas de este delito porque no se denuncia. Testimonios recabados señalan que los precios de la venta de mujeres varían dependiendo de la edad de la niña, si es virgen y si tiene hijos.

Las transacciones alcanzan hasta 300 mil pesos, narra Rodrigo López, habitante de la comunidad de Jicayán del Tovar, Tlacoachistlahuaca, a quien le tocó comprar a la novia de su hijo. La familia de la novia pedía 500 mil pesos, pero como no tenían esa cantidad, la negociación terminó en 280 mil pesos.

Rodrigo López pidió prestado a una cooperativa llamada Sulja 40 mil pesos y en 18 meses pagó 60 mil adicionales. Para alcanzar la suma prometida su hijo se fue a Estados Unidos a trabajar.

Otra historia fue la sucedida a Tatiana, una mujer hoy de 33 años, de Huehuetónoc, una comunidad indígena en la Costa Chica, a quien le tocó vivir de cerca la venta de mujeres por 30 y 80 mil pesos, dependiendo de su edad.

“Una persona que tiene un hijo, que no está casada es una persona fracasada, que ya no vale, entonces les cobran 30 mil pesos nada más. Ya no cuesta igual como una jovencita o una chica que es virgen”, cuenta.

“Yo vi a una vecina que su papá la había cambiado por tres cartones de cerveza, entonces yo no quería ser como ella”, dice Tatiana, quien años más tarde tuvo que rescatar a su hermana, una niña de 13 años, a quien sus padres ya tenían apalabrada para una de estas transacciones.

En las comunidades indígenas la dote es una tradición arraigada, según la cual las niñas y jóvenes se entregan en matrimonio a cambio de bienes, como animales o terrenos.

Autoridades de las comunidades indígenas justifican la existencia de estas transacciones. Por ejemplo, Jesús Benítez, ex comisario de la comunidad de San Martín, asegura que sirven para protegerlas.